En estos últimos días, debido a la situación de crisis económica, he recibido una importante cantidad de consultas sobre las consecuencias del impago de la pensión de alimentos. Como la cantidad de esas consultas han sido curiosamente elevadas, he decidido hacer esta entrada para explicar brevemente qué ocurre cuando se dejan de abonar las mensualidades que en concepto de pensión de alimentos ha fijado tu sentencia de separación o divorcio.

Como en su día hice otra entrada profundizando en la pensión de alimentos, dejaré enlace a dicha entrada y pasaré a hablar directamente de las consecuencias del impago.

Las consecuencias del impago son varias y de diferente naturaleza, así podemos distinguir entre las de naturaleza civil y las de naturaleza penal. La naturaleza de las consecuencias nos vendrá dada, por regla general y desde el punto de vista práctico, por la intensidad del impago, es decir, en función de las mensualidades no abonadas y de los atrasos acumulados.

Son básicamente dos, la incoación de un procedimiento de ejecución contra el progenitor que adeuda la pensión y la imposición de multas coercitivas.

Dada la naturaleza civil de este tipo de sentencias, es la salida natural para estos casos, por eso, independientemente de la intensidad con la que se venga incumpliendo la obligación de dar los alimentos, es la consecuencia habitual y directa del impago de pensiones.

Mediante estos procedimientos lo único que se persigue es dar obligado cumplimiento a una sentencia que se viene incumpliendo, al menos en lo que se refiere al pago de pensión de alimentos. Para conseguirlo y una vez acreditado el impago, se tomarán diferentes medidas, todas ellas de carácter patrimonial, que se acabarán traduciendo por regla general en embargos de diferentes tipos. A tales efectos el artículo 592 LEC establece el orden en el que los diferentes tipos de embargos podrán trabarse:

Como se puede comprobar, los mecanismos legales para obligar al pago de la pensión son numerosos. En la práctica, lo habitual es que se trabe embargo sobre saldos bancarios, devoluciones de hacienda que el ejecutado perciba por cualquier motivo, y los más importantes, salarios o prestaciones del tipo que sea que se perciba.

En este punto debo aclarar que dada la naturaleza de la pensión de alimentos, a la hora de trabar embargos sobre salarios o prestaciones percibidas no es de aplicación el articulo 607 LEC. Por tanto, en lo que a pensión de alimentos se refiere, todo salario o prestación que se perciba del tipo que sea ES EMBARGABLE, independientemente de si su cuantía supera o no la cuantía establecida para el Salario Mínimo Interprofesional, que en estos momentos es de 950 euros mensuales.  Así lo dispone específicamente el artículo 608 LEC al establecer que el artículo 607 no es de aplicación en aquellos casos en los que se pretenda la ejecución de una sentencia que condene al pago de alimentos.

Para dejarlo MUY CLARO, a la pregunta de ¿puedo dejar de pagar la pensión de alimentos ahora que estoy percibiendo una prestación cuya cuantía es inferior al Salario Mínimo Interprofesional (950 euros mensuales)? La respuesta es NO, de hacerlo, además de poder acarrear otras posibles consecuencias que expongo más abajo, una vez iniciada la ejecución se podrá embargar esa prestación en la cuantía que el tribunal entienda como suficiente hasta satisfacer toda la cantidad adeudada y reclamada en la ejecución. Luego este tipo de acciones no servirán para mucho, pues mientras se tengan ingresos, los que fueran, seguirá existiendo la obligación de asumir el pago de la pensión y la posibilidad de que se traben los oportunos embargos.

Es una consecuencia que dispone el artículo 776.1ª LEC al establecer que "al cónyuge o progenitor que incumpla de manera reiterada las obligaciones de pago de cantidad que le correspondan podrá imponérsele multas coercitivas."

En mi ya dilatada experiencia en derecho de familia, no he visto nunca la imposición de estas multas para el caso de impago de pensiones de alimentos, en primer lugar, porque es un sinsentido que problemas que se originan principalmente por motivos económicos, se resuelvan, precisamente, con soluciones de carácter económicos. Cuando el impago de la pensión viene producido por dificultad económica o falta de solvencia, añadir otra deuda, más que solucionar el problema lo agrava y a la postre repercute en los menores que deben recibir esa pensión, pues parte del dinero que debería destinarse a abonar la pensión se destinará al pago de la multa.

Y, en segundo lugar, porque los mecanismos establecidos en el procedimiento de ejecución y que se han expuesto mas arriba, vienen siendo suficientes para asegurar el pago de la pensión.

Este tipo de consecuencias, solo tienen algún sentido en casos en los que el progenitor alimentante decide voluntariamente no abonar la pensión teniendo medios para hacerlo. Y tampoco es especialmente útil porque para estos casos lo habitual es que se recurra a la jurisdicción penal, que siempre suele ser bastante mas efectiva que la jurisdicción civil.

La única consecuencia penal que se puede derivar del impago de la pensión de alimentos, efectivamente, es la comisión de un delito, en este caso del llamado delito de impago de pensiones tipificado en el artículo 227 CP.

La conducta que se tipifica es muy clara: “el que dejare de pagar dos meses consecutivos o cuatro o meses no consecutivos” la pensión de alimentos, “será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a veinticuatro meses.” Por tanto, la consecuencia penal del impago sería una posible condena de prisión de entre tres meses y un año, o bien, una multa de entre seis y veinticuatro meses, además del pago de la cuantía debida y reclamada en concepto de responsabilidad civil subsidiaria que nace de todo delito, es decir, no solo cumpliremos la condena que se imponga en caso de haberla sino que, además, deberemos de abonar la totalidad de la cuantía de alimentos que se deba.

No solo por el hecho de no abonar la pensión de alimentos dos meses consecutivos o cuatro no consecutivos se estaría cometiendo automáticamente este delito, es preciso que concurran más elementos para que pueda entenderse cometido. Jurisprudencialmente los elementos del tipo cuya concurrencia se vienen exigiendo para entender cometido este delito son tres, dos de carácter objetivo y uno de carácter subjetivo:

1.- Habrá de existir una resolución judicial firme que establezca la obligación del pago de la pensión de alimentos.

2.- El obligado al pago tendrá que realizar una conducta omisiva consistente en no abonar la pensión en los términos establecido por la norma penal, esto es, en dos meses consecutivos o cuatro no consecutivos.

3.- Tendrá que haber una actitud dolosa del obligado al pago de la pensión, es decir, tendrá que tener pleno conocimiento sobre la obligación que tiene de abonar la pensión, y aun así decidir voluntariamente incumplirla.

A tenor de lo expuesto es evidente, pero debo aclararlo, que cuando los impagos se producen por imposibilidad económica para hacerlo, no suele haber condena porque no estaría concurriendo el elemento subjetivo del tipo. No podemos hablar de comisión de delito alguno cuando no se paga no porque no se quiera, sino porque no se pueda.

Diré, como siempre, que si te encuentras en una situación de impago de pensión recurras a un profesional especializado en la materia, en derecho de familia y divorcios, que pueda ayudarte a solucionar el problema. Recuerda, tanto si eres el progenitor obligado al pago como el que tiene que recibirlo en nombre de tus hijos, que lo verdaderamente importante es que éstos queden debidamente atendidos, siendo en la mayoría de los casos más eficaz una “mala” negociación que “una buena” medida de carácter judicial. Su aun te quedan dudas o necesitas un profesional especializado no dudes en ponerte en contacto conmigo.